PSOE y CDL rechazan hasta en dos ocasiones las propuestas de la oposición para recoger por escrito la exigencia del pago al que en su día se comprometió el urbanizador. El secretario municipal advierte de que el promotor está obligado a asumir las cargas, independientemente del fallo en contra del TSJ.Once años perdidos. El Ayuntamiento de Benidorm anuló ayer en pleno el programa de actuación integrada (PAI) de Armanello, aprobado en octubre del año 2002 y que marcaba cómo debía ser el desarrollo de un sector llamado a ser la «joya de la corona» del desarrollo urbano de Benidorm. El Consistorio acató de esta forma las dos sentencias dictadas hace más de un año por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, en las que obligaba a suspender el PAI al considerar ilegales las cargas que el agente urbanizador, Enrique Ortiz, impuso a los propietarios de suelo: un 34% mientras que el máximo que permite la ley se reduce al 10%. Ahora bien, pese a que gobierno y oposición se enzarzaron en un intenso debate sobre qué pasará ahora con los más de 17,5 millones de euros que Ortiz se comprometió a abonar en mejoras y compensaciones por urbanizar el sector, el ejecutivo formado por PSOE y CDL eludió hasta en dos ocasiones garantizar por escrito que la nueva redacción del PAI no eximirá al promotor de hacer frente al pago, como demandaron el PP y el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer.
El pleno de Benidorm no tenía ayer más remedio que acordar la suspensión de Armanello. Por un lado, por las sentencias en sí dictadas el pasado año por el TSJ en las que declaraba ilegal el planeamiento aprobado en 2002 por el Consistorio, entonces gobernado por el PP. Por otro, por el ultimatum dado a primeros de mes por el propio Tribunal, que exigió identificar a los responsables técnicos y políticos de no haber ejecutado desde entonces ambas sentencias, bajo la advertencia de que impondría multas coerctivas y exigiría responsabilidades penales. Así que, ante esta tesitura, al ejecutivo no le quedaba otra que llevar el asunto a pleno y exigir a Ortiz que redacte el nuevo planeamiento del sector antes del próximo 15 de septiembre para acatar la orden del TSJ.
El debate sobre este punto se inició con una extensa explicación del secretario en materia urbanística, que tenía como fin despejar las dudas planteadas por el grupo municipal del PP sobre si la anulación del PAI anulaba también las cargas al promotor. El funcionario fue tajante al desvincular un hecho del otro y manifestó que, independientemente de las sentencias del TSJ, el Ayuntamiento seguirá estando obligado a exigir a Ortiz el pago de los cerca de 18 millones dentro de las condiciones que asumió como urbanizador o, de lo contrario, resolver la adjudicación en su favor. Y cerró su intervención con una advertencia que dirigió a todos los grupos políticos: «No voy a permitir que nadie me mezcle con ningún tipo de operación».
Reproches y sospechas
Sin embargo, para ahondar en lo expuesto por el secretario, primero el edil no adscrito y después el PP por la vía de urgencia presentaron una enmienda y una moción para incluir el acuerdo de que el promotor seguirá estando obligado a asumir los cerca de 18 millones, con el fin de garantizar que prevalezca el interés general. En ambos casos, la mayoría de la que dispone el gobierno local tumbó las dos propuestas. El concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra (CDL) justificó su negativa afirmando que el único cometido de su moción era «acatar las sentencias del TSJ», que no entran a valorar este asunto. «Otra cosa diferente es que nos sentemos a ver el cumplimiento del acuerdo plenario» en el que se le exigía dicho pago al constructor, agregó Ivorra. Por último, el edil de Urbanismo reprochó a la oposición las sospechas vertidas sobre este asunto y lamentó que, en los 10 años que han transcurrido desde la aprobación del PAI, «la inseguridad, la mala imagen y el deterioro es lo único que hay en Armanello».
Desde la oposición, el portavoz del PP, Antonio Pérez, lamentó el que el ejecutivo haya tardado más de un año en acatar el dictamen del TSJ y en pedir aclaraciones al secretario. Por su parte, el no adscrito Juan Ángel Ferrer mostró sus sospechas sobre los intereses del gobierno respecto al urbanizador y les acusó de «aceptar uno por uno los dictados de Ortiz, que lo que quiere es quitarse de encima los más de 17,5 millones sea como sea. Pero ustedes son incapaces de decirle bien alto: "Tienes que pagar"», concluyó.
Fuente: DiarioInformacion
