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El pleno de Benidorm acuerda exigir a Ortiz los 17,5 millones del PAI Armanello

El Gobierno local respalda la moción de la oposición que rechazó en la sesión del mes de julio El promotor tiene que presentar un nuevo documento del plan urbanístico en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia.

Benidorm armanello
El pleno del Ayuntamiento de Benidorm acordó ayer, por unanimidad, exigir al agente urbanizador del PAI Armanello, el promotor Enrique Ortiz, los 17,5 millones de euros en concepto de obras de mejoras en el sector que incluía en su propuesta inicial, en 2002, cuando el Consistorio le adjudicó el programa urbanístico.

Los dos partidos que integran el Gobierno local, PSPV y liberales, respaldaron la moción del PP que habían rechazado en el pleno ordinario del pasado mes de junio. «Es un acuerdo reiterativo, pero lo apoyamos para que no quede la duda de que perdonamos 17,5 millones a Ortiz», precisó el alcalde, el socialista Agustín Navarro.

La moción del PP, al igual que una enmienda en el mismo sentido del concejal no adscrito Juan Ángel Ferrer, tiene su origen en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que anularon el PAI por considerar ilegal la decisión del promotor de cargar los 17,5 millones a los propietarios del suelo, sin la autorización de éstos. En cumplimiento de estas sentencias, el pleno, en su sesión del pasado julio, acordó instar al promotor a que antes del próximo día 15 de septiembre presente un nuevo documento del PAI, pero excluyendo las cargas a los dueños del suelo anuladas por el TSJ.

En el pleno de julio, el PP y el concejal no adscrito presentaron por la vía de urgencia una moción y un enmienda, respectivamente, para que la corporación ratificará la plena vigencia de los acuerdos adoptados en referencia al PAI Armanello y en concreto la oferta de mejora de 17,5 millones (infraestructuras complementarias, como accesos) incluida en su proposición jurídico-económica.

El PSPV y los liberales rechazaron la propuesta de la oposición por considerar que la obligación de Ortiz de mantener su oferta de 17,5 millones está recogida en el convenio firmado con el urbanizador en 2003 y ratificada en otro pleno, en este caso celebrado el 2 julio de 2012. 

Sin embargo, ayer y, a raíz de un informe del secretario, socialistas y liberales cambiaron su sentido del voto y sí apoyaron la iniciativa de la oposición. El dictamen del secretario señala que «el Ayuntamiento de Benidorm debe cumplir la sentencia y luego exigir el cumplimiento de ese convenio y, en sus caso, como ya se ha dicho en el acuerdo del 2 de julio de 2012, iniciar la resolución de condición de urbanizador, pero no vía de ejecución de sentencia». El funcionario insiste en que esos acuerdos están en vigor porque «no han sido ni cuestionados ni revocados hasta el momento».


El portavoz del PSPV, Conrado Hernández, y el edil de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra, a pesar de dar el voto afirmativo a la moción, la calificaron de «absurda, reiterativa e innecesaria». «En ningún momento el Gobierno se ha planteado perdonar 17,5 millones a Ortiz», dijo el portavoz socialista.